La Supervisora del Condado de Los Ángeles Hilda L. Solis da a conocer la siguiente declaración:

“Una cárcel es una cárcel es una cárcel.

No basta con cambiar el nombre de la instalación. Lo que la Junta de Supervisores aprobó hoy todavía tiene que ser certificado y aprobado por la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias y no un regulador de salud mental. La Junta de Supervisores no solicitó aportaciones de la comunidad o de expertos en salud mental al desarrollar este nuevo proyecto. Además, la Junta de Supervisores tomó esta decisión sin examinar a la población actualmente bajo nuestra custodia ni pronosticar el tremendo impacto que tendrían los esfuerzos de desvío y reforma de la fianza para reducir aún más nuestra población carcelaria.

Han pasado años en el esfuerzo que nos trajo hasta aquí. Pero hoy, después de escuchar de los líderes comunitarios de justicia criminal y salud mental, así como nuestros jefes de departamentos del Condado, creo que esta decisión fue apresurada. Esta instalación se construiría en mi Distrito, el Primer Distrito, sin ningún aporte de la comunidad circundante, particularmente de los residentes y dueños de negocios de Chinatown. En lugar de utilizar los escasos fondos de los contribuyentes para invertir en programas de desviación, para ampliar acceso a la salud mental y otros servicios de apoyo, más de $2 mil millones se gastarán en una instalación de 3,800 camas que tal vez no necesitemos. Sentí y sigo sintiendo que necesitábamos datos y respuestas más concretas antes de seguir adelante, para asegurarnos de que estamos abordando los objetivos compartidos de esta Junta para proporcionar servicios y abordar la inequidad dentro de nuestro sistema de justicia penal de manera informada, integral e intencional”.

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